Gartenzwerg escribió:
Hablamos de sanidad?
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La gestión pública domina el mapa sanitario español, que según la Constitución, es un servicio universal y gratuito. Aproximadamente, el 30% de los recursos sanitarios son privados, según calcula la presidenta de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), Carmen Ortiz.
Pero la puerta que Madrid y la Comunitat Valenciana han abierto a las empresas privadas en sus hospitales no sólo puede incrementar este porcentaje, sino que ata de manos a sus gobiernos (con mayoría absoluta del PP) para realizar sus propias políticas sanitarias. Esta "hipoteca" la heredarán también los próximos ejecutivos, como destaca Rafael Serrano, sociólogo del Instituto de Estudios Sociales Avanzados, vinculado al CSIC.
El modelo madrileño
El primero de los ocho nuevos hospitales de la Comunidad de Madrid en inaugurarse, el de Valdemoro, sigue el modelo que la Generalitat Valenciana estrenó en 1999 con el hospital de La Ribera, en la localidad valenciana de Alzira. Los construyeron empresas privadas que también se encargan de su gestión, incluida la contratación del personal sanitario, a cambio de una cuota mensual. "Las concesiones se han hecho a 30 años. Si se quieren romper los lazos, las indemnizaciones son altísimas. Se traslada un enorme poder a la empresa privada", explica Serrano.
Los otros siete nuevos hospitales madrileños siguen un modelo similar, aunque es la Consejería la que contrata al personal a través de empresas públicas que ha creado en cada centro. Por tanto, conviven dos intereses: el de la empresa que busca el máximo beneficio y el de la Administración, que vela por reducir gasto público, tiempo de espera o de consulta, y que, en este caso, sólo gestiona al personal. Según la FADSP, la Consejería ha optado por lo primero: denuncia desde hace meses que no se están contratando médicos para los nuevos hospitales, sino que se están trasdadando desde los centros de gestión pública directa, donde siguen cobrando sus nóminas.
Este hecho también lo denuncia la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS), que, como la FADSP, está integrada por médicos. Según un portavoz de la CAS, la Consejería de Sanidad ha incumplido este año el acuerdo de destinar una partida presupuestaria al incremento de la plantilla.
Más allá del problema de privatizar lo público, Serrano pone en duda la eficacia de este modelo hospitalario: "Económicamente son eficaces, pero se necesitan nuevas políticas que acerquen al paciente la asistencia del 90% de las enfermedades", explica.
No, si cuando digo que los posicionamientos políticos agresivos sacan lo peor de cada uno...
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